Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) La eventual ley que autorizaría a la Caja Costarricense de Seguro Social a perdonar la deuda principal, las multas y los intereses pendientes de pago por cuotas de aseguramiento de los trabajadores independientes sería un buen paso en la lucha contra el empleo informal, pero necesitaría de acciones adicionales urgentes por parte de la junta directiva de la institución y del Poder Ejecutivo.

Esto si se quiere “golpear” efectivamente el trabajo informal en el país, que según la última Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) llega al 46,6% del total de los trabajadores; lo que representa 928.858 personas.

La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa acogió el pasado 8 de junio por mayoría, un texto sustitutivo al proyecto de ley 21.522 que autorizaría a la institución realizar una condonación sobre las deudas con la seguridad social. La iniciativa cuenta con el apoyo de varias fracciones y actualmente se encuentra en proceso de mociones 137 en el plenario antes de su votación.

El perdón de deudas aplicaría para un grupo de 117.000 trabajadores independientes cuyas cuotas pendientes ascienden a los ¢243.300 millones, que representa el 72% de las cuotas no pagadas a la institución. El restante pendiente pertenece a empleadores que están incluidos en la ley y tendrían acceso a la condonación si lo solicitan tras la aprobación de la iniciativa.

Sin embargo, al pasar al sector formal laboral,  los eventuales 117.000 nuevos cotizantes solo reducirían la cantidad de empleados informales del país en 12.5%, por lo que la cifra de trabajadores en condición irregular se mantendría por encima de las 800.000 personas.

El abogado experto en materia tributaria Felipe Guevara, quien participó en el programa Enfoques de crhoy.com este lunes, piensa que este es un buen primer paso para iniciar una lucha contra la informalidad que no será fácil, pues requiere de acciones adicionales para facilitar la formalidad que no necesariamente requieren de ley, si no de voluntad política y sentido común por parte de los miembros de la junta directiva de la CCSS.

Entre las acciones urgentes que señala Guevara está el cumplimiento de jurisprudencia de la Sala Constitucional para no extender por más de cuatro años el cálculo retroactivo de las deudas para quienes quieren regularizar su condición, además de unificar los porcentajes que pagan los trabajadores independientes y los trabajadores que pertenecen a una planilla empresarial o Estatal y una vez logrado ese objetivo, buscar abaratar el costo de las cargas sociales.

No es suficiente con una condonación de deudas, la OCDE nos ha venido diciendo que el costo de las cargas sociales en Costa Rica es muy alto. Es el más alto de los países de la OCDE y ahí hay países ricos como Francia, España, Alemania y nosotros somos los más altos, el problema de fondo se mantiene y como país necesitamos bajar lo que cuesta la empleabilidad, si yo hoy contrato a una persona pagándole un millón de colones, solo por seguridad social debo presupuestar ¢226.000 más solo para el pago de la Caja” explicó Guevara.

El alto costo que el aseguramiento implica para los empleadores, se transforma en un “incentivo perverso” que alimenta los indicadores de empleo informal en aumento.

“¿Qué es lo que tenemos que hacer? primero evitar toda esa corrupción que hay en la CCSS que todos los días vemos cómo la desangran por dentro y número dos, mejorar el manejo financiero de la Caja y lograr reducir lo que cuesta la seguridad social” agregó el abogado.

Los incentivos para la formalidad no solamente se traducirían en mejores condiciones para los trabajadores que podrían tener acceso a los servicios de salud y a cotizar para una eventual pensión, si no que directamente ampliaría la base de aportes de donde la Caja podría obtener más recursos para la estabilidad de la institución.

Actualmente la junta directiva de la institución analiza una propuesta de reforma al reglamente de trabajadores independientes que recibió fuertes críticas ya que mantenía el cálculo retroactivo de las cuotas a 10 años y además complicaba las condiciones de aseguramiento para el sector.

El nuevo gerente financiero de la entidad Gustavo Picado, indicó en días anteriores a la prensa que los miembros de la junta analizan las críticas recibidas al borrador de reglamento para crear una versión mejorada antes de su aprobación.

Usted puede ver la entrevista completa del experto tributarista a continuación:

https://www.facebook.com/watch/?v=487436828992884