Fuente: La Nación

El proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se discute en la Asamblea Legislativa abre una nueva opción para que las personas que alquilan sus propiedades y no tienen empleados para ello, paguen el impuesto sobre la renta

Actualmente, quien tenga o no empleados para esta actividad, debe sumar los ingresos que recibe por alquileres, restarle los gastos y, sobre la utilidad neta, debe pagar el impuesto sobre la renta.

Este tributo puede ser de 10%, 20% o 30% sobre la renta neta, según el ingreso bruto. Por ejemplo, para el periodo fiscal 2018, si el ingreso bruto es hasta ¢53.113.000, entonces se aplica un 10% de impuesto sobre la renta neta.

Según el texto en discusión, quienes tienen uno o más empleados que laboran en la actividad del alquiler, se mantienen en el esquema actual, pero los que no tienen empleados pueden escoger entre el esquema actual y uno nuevo que consiste en deducir un 15% del ingreso del alquiler y, sobre ese monto, pagar un 15% de impuesto sobre la renta.

“En el caso de los alquileres, si no tiene al menos un empleado, o si opta tributar por acá (el 15%), entonces estaría deduciéndose un gasto presunto del 15% sobre el ingreso total y sobre el resultado de eso, de lo que queda después de deducir ese 15%, pagaría 15% de tarifa del impuesto”, explicó Carlos Vargas, director general de Tributación.

Por ejemplo, una persona que recibe ingresos por alquiler de ¢100.000, podría rebajar ¢15.000 como deducción única, calculando entonces el 15% de impuesto sobre ¢85.000, lo que le daría ¢12.750 y le quedarían libres ¢87.250, detalló la firma Deloitte en el documento: “La reforma fiscal del 2018: un repaso a los cambios en impuestos”.

“Los alquileres siempre han estado gravados pero como rentas normales, ahora, se ponen bajo este nuevo sistema que es optativo y que, si se opta por el mismo, debe mantenerse por cinco años”, explicó Deloitte en dicho texto.
Trámite más sencillo

Vargas añadió que en esta nueva alternativa los contribuyentes también deben estar inscritos como lo están ahora; no obstante, como no se les pide comprobantes de gastos, entonces no requieren presentar las declaraciones informativas y, en las de renta, solo se consigna el gasto del 85%.

Alan Saborío, socio de impuestos de Deloitte, señaló que cada contribuyente debe analizar su situación para ver cuál sistema le sirve más, pues influyen factores como si tiene o no gastos financieros y de depreciación, entre otros.

Para los fondos de inversión inmobiliaria, el plan de ley propone que se aplicará una reducción del 20% del ingreso bruto como gasto deducible sin necesidad de prueba alguna y sin posibilidad de ninguna otra deducción.

El tema de los alquileres se encuentra en el capítulo del proyecto que se refiere a las rentas del capital, que son aquellas que se obtienen de poner a trabajar el capital. Pueden ser rentas de capital inmobiliario (como alquileres) o mobiliario (como títulos valores).

La iniciativa procura uniformar en 15% los impuestos sobre las rentas del capital mobiliario e inmobiliario, aunque todavía algunos quedan con diferente tasas. Es así como el tributo sobre los rendimientos que se obtienen de títulos valores, de ganancias por recompras y dividendos quedarían en 15%, pero los de excedentes de asociaciones solidaristas y cooperativas tendrían una tasa del 8%.

El objetivo de uniformar las tarifas es que sea indiferente para una persona, desde el punto de vista tributario, el capital en el cual invierte.

Este proyecto también transforma el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado; contiene medidas para recortar el gasto público, así como una regla fiscal para atar el crecimiento de los gastos corrientes. El plan es parte de las medidas para atacar el déficit fiscal, el cual se prevé que representará un 7,1% de la producción este año.