Fuente: La Nación

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, firmó este miércoles un decreto que afloja el cumplimiento de la regla fiscal, lo cual permite al Gobierno y a todo el sector público incrementar el gasto público.

La regla fiscal es un mecanismo introducido en la reforma fiscal del 2018 que le impone un tope al crecimiento del gasto de acuerdo con la situación del país.

Según la ley, el tope se torna más estricto conforme mayor sea el endeudamiento estatal y menos crezca la economía, a fin de evitar un crecimiento desmedido del gasto público que empeore la situación. Para este año, por ejemplo, el techo es de un 1,96% tanto para el gasto corriente como para el gasto de capital (inversión) porque la deuda supera el 60% del producto interno bruto (PIB).

No obstante, una modificación al reglamento de la regla fiscal introducida por el mandatario le permitirá al Gobierno gastar más de lo que antes se podía.

En esto consiste el cambio

La diferencia radica en lo siguiente. El artículo 3 del reglamento establecía que el cumplimiento de la regla fiscal se verificaba al comparar el gasto realmente ejecutado en cada año en comparación con el gasto real del periodo anterior.

Así lo confirmó la Contraloría General de la República, una de las instituciones que abogó por aplicar la medición de esa forma, para lograr una mayor contención de los egresos públicos.

No obstante, la modificación firmada por Chaves establece que el cumplimiento de la regla fiscal ahora se verificará comparando “el presupuesto final o definitivo con respecto al presupuesto ordinario aprobado del periodo anterior”.

La diferencia radica en que la ejecución suele ser inferior al presupuesto.

En el 2020, cuando el Ministerio de Hacienda comandado por Chaves quiso verificar el cumplimiento de la regla fiscal a partir del monto presupuestado, la Contraloría se opuso e indicó que dicha interpretación haría que el tope al crecimiento del gasto se incrementara en ¢433.000 millones.

En esa ocasión, el órgano contralor también señaló que, en los últimos 12 años, se había registrado una subejecución presupuestaria promedio del 94%. Es decir, que se presupuestaba más dinero del que realmente se utilizaba.

El gobierno de Carlos Alvarado al principio no estuvo de acuerdo con la Contraloría, pero después accedió a aplicar una fórmula más estricta.

Consultado por La Nación, el presidente Chaves confirmó la forma en que se medirá el cumplimiento de la regla fiscal: “Se va a hacer con base a lo presupuestado el año anterior y no a lo ejecutado el año anterior. Ese fue un grave error, yo me opuse como ministro de Hacienda, pero bueno, el presidente decidió de otra manera (...) porque, de otra manera, no hay plata”.

‘Desaceleración del gasto se hizo enorme’

El mandatario alegó que “la desaceleración del gasto público se nos hizo enorme” y que, como cada año había subejecución, eso ponía al sector público “en cuesta hacia un precipicio”.

Alegó que la reforma es de sentido común.

La regla fiscal fue introducida para ayudar a contener el déficit fiscal y la deuda, factores que repercuten de forma negativa en la economía general del país.

Se abre la puerta del gasto

El economista José Luis Arce confirmó que, al verificar el cumplimiento de la regla fiscal con respecto al monto presupuestado inicialmente, se abre la puerta para que el Gobierno pueda incrementar su nivel de gasto, por encima de lo que podría si la verificación se hiciera sobre el gasto ejecutado.

Esto se debe, según Arce, a que en Costa Rica los presupuestos son autorizaciones máximas de gasto, en las cuales se incluyen partidas que se terminan subejecutando y montos previstos en caso de emergencia que no necesariamente se llegan a utilizar.

“Hay colchones y subejecuciones, y es un permiso de gasto general anual. Si todos estamos en la misma onda de que es una cosa de sostenibilidad fiscal y de reducción del déficit presupuestario, la regla fiscal tiene sentido aplicada al presupuesto ejecutado, porque es el que tiene implicaciones económicas, en el sentido de que es el que hay que financiar, local o internacionalmente, es el que tiene impactos macroeconómicos”, explicó Arce.

Para el especialista, las dificultades asociadas a la regla fiscal no radican en la norma como tal, sino en un manejo presupuestario inadecuado. Añadió que el Gobierno y los diputados anteriores fallaron al emitir un presupuesto incompleto en cuanto a la cobertura de las necesidades, al que además se le aplicaron recortes inadecuados.

Alega quitar amarras

Chaves afirmó que la regla fiscal es fundamental y que los países que se han desviado castigan a sus poblaciones con hiperinflación, escasez y tipos de cambio fuera de control, pero que a la vez es necesario quitar amarras a las instituciones públicas.

Alegó que la Cancillería no iba a a pagar salarios de los funcionarios de las embajadas a partir de agosto, a menos de que se hiciera el cambio, y que el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) no podría transferir ¢13.000 millones a las organizaciones no gubernamentales que colaboran con esta entidad “simplemente porque el recurso existe, pero el cumplimiento de la regla se hacía sobre lo gastado”.

“Mantenemos la responsabilidad fiscal, pero no vamos a dejar que niños pierdan techo y comida. Tiene puro sentido común mantener la regla fiscal y permitir que el Estado funcione. Vamos a medir la regla fiscal sobre lo presupuestado del año anterior, comparado con lo presupuestado este año. Este es un cambio significativo y nosotros estamos siendo valientes”, dijo.

En mayo del 2020, Chaves, entonces ministro de Hacienda, renunció al gobierno de Alvarado, entre otras razones, porque se oponía a liberar a las municipalidades de la aplicación de la regla fiscal.

“Es un precedente muy malo de que luego de que el país estuvo paralizado tres meses en el 2018, a raíz de la necesidad de adoptar una regla fiscal que diera responsabilidad, que de un momento a otro se haya abierto un portillo a un grupo de las entidades que estaban sujetas a esa regla”, reprochó el 28 de mayo del 2020.