Fuente: La Nación

Las propiedades cuyo valor registrado en la municipalidad, el 1°. de enero de este año, sea menor a ¢20.259.000 están exentas de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles del 2020, siempre y cuando sea la única propiedad que se posea.

Cuando el bien sobrepasa este valor, y es también de un único dueño, entonces se aplica el tributo sobre el exceso, de acuerdo con la resolución número RES-DGH-ONT-001-2020 de la Dirección General de Hacienda, publicada en La Gaceta, el 14 de febrero pasado.

Este impuesto es de 0,25% sobre el valor del inmueble registrado en la municipalidad, al 1°. de enero del año correspondiente.

El valor exento varía cada año y, para calcularlo, se utiliza como referencia el salario base que establece la Corte Suprema de Justicia, el cual se multiplica por 45, según la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y sus Reformas. A partir del 1°. de enero de 2020 dicho salario es de ¢450.200.

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley, las municipalidades pueden crear incentivos para el pago adelantado del impuesto hasta en un porcentaje equivalente a la tasa básica pasiva del Banco Central en el momento de pago. Actualmente, dicha tasa se encuentra en 5,65%.

Sergio García, socio fiscal y legal de KPMG Costa Rica, explicó que la falta de pago oportuno de este impuesto genera intereses según lo define el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

“La tasa de interés actualmente es de 12,11% anual. Si se atrasa mucho con el pago es posible también que eventualmente lo pasen a cobro”, comentó.

De acuerdo con el informe DFOE-DL-SGP-00001-2018 de la Contraloría General de la República, del 21 de junio 2018, que es un informe de la recaudación de este tributo en varias municipalidades, la recaudación de este tributo pasó de ¢65.444 millones a ¢100.236,7 millones, del 2013 al 2017; un incremento de 53,2%.

Se consultó en el Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación sobre los resultados hasta el 2019 y en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, pero todavía no se ha obtenido respuesta.

Según la Ley número 7509, que creó dicho impuesto, las municipalidades podrán destinar hasta 10% de la recaudación para gastos administrativos del gobierno local; 1% para el Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda; y 3% para la Junta Administrativa del Registro Nacional.

Además, en la Ley de Subvención a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las Municipalidades, se estipula que se destinará 10% para las juntas de los centros educativos públicos de su respectiva jurisdicción territorial.