Fuente: CR Hoy

Un proyecto de ley que busca modificar los montos por el impuesto a la propiedad de diversos tipos de vehículos actualmente se encuentra como parte de los proyectos prioritarios para la nueva agenda de la Asamblea Legislativa, el cual, según especialistas, se caracteriza por buscar elevar los montos que actualmente se pagan por este impuesto.

Se trata de un proyecto propuesto en el anterior periodo legislativo por los exdiputados Gustavo Viales y Yorleny León, quienes proponen un sistema gradual para el cobro del impuesto a la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves; con el fin de renovar la última reforma realizada en 1988.

De acuerdo con el consultor tributario, Raymundo Volio, con este proyecto los contribuyentes deben pagar más de lo que pagaban anteriormente, ya que plantea la anterior como “una metodología insuficiente”.

Bajo esa línea, los legisladores resaltaron a la hora de realizar el proyecto la importancia de que este impuesto se cobre con base en el valor de mercado del vehículo y no por características como el cilindraje.

Como parte del argumento para presentar esta reforma, los exlegisladores manifestaron que:

Existen motocicletas con valores muy superiores a los de un vehículo, pagando por impuesto a la propiedad sumas insignificantes, reflejando un problema de equidad en el trato tributario. En la actualidad el máximo que estas cancelan es la suma de ¢15.000 aunque tenga un valor de varios millones de colones… Por lo anterior, es necesario establecer una nueva tabla para el pago de los impuestos a la propiedad de las motocicletas de acuerdo con el valor de mercado, similar al mecanismo que existe para los vehículos automotores. De tal forma que el impuesto se pagaría progresivamente de acuerdo con el valor de mercado y no por la cilindrada.

Estos ajustes se realizarían de la siguiente manera, según el tipo de vehículo:

Automotores

Motocicletas

Embarcaciones

Aeronaves

Transporte Remunerado

Carga

Con estos cambios, algunos sectores como los de motocicletas y transportistas ahora tendrían que pagar al menos ₡25.000, cuando anteriormente pagaban ₡8.000 por dicho impuesto.

Volio se manifestó a favor de este punto de la propuesta con respecto a vehículos como motocicletas, camiones y transporte remunerado de personas, ya que estas “no tenían ninguna razón para no pagar en función de su correcto valor”.

Daniel Pelecano, gerente de Impuestos y Legal de la empresa especializada en asesoría tributaria Grant Thornton, declaró que este último punto es importante, ya que es un ejemplo de cómo algunos vehículos que anteriormente tenían tasa fija verán incrementados los montos que pagan por concepto de impuesto a la propiedad, esto en función de su costo en la lista que proporcione el Ministerio de Hacienda.

Otro elemento importante sobre esta propuesta es que el proyecto de ley propone aplicar un cálculo de depreciación determinado por la Administración Tributaria por año acorde a la antigüedad del vehículo, de manera que esto sea mayor para los modelos recientes y disminuya con el transcurso de los años; en lugar de aplicar una depreciación fija del 10% que es como lo establece la ley actual.

De acuerdo con Pelecano, con esto se pretende actualizar la metodología de cálculo (que tiene alrededor de 30 años de estar inmóvil) por medio de ajustes que “el proyecto describe como variaciones progresivas, de manera que los bienes de mayor valor paguen más que los más antiguos que ya tienen un valor depreciado”.

Con respecto a esto último, Volio calificó esta parte del proyecto de ley como “ilusorio” (una ilusión fuera de la realidad) debido a que el acceso a crédito generó que ahora la gente utilice vehículos más nuevos, por lo cual la mayor parte de los vehículos no se verán beneficiados por dicho sistema.

En ese sentido, Volio insistió en que casi todos los vehículos se verían obligados a pagar más con esta medida en caso de aprobarse.

Como elemento importante dentro de la propuesta de esta ley, esta también incorpora una adaptación de estos montos con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el fin de contrarrestar los efectos que tenga la inflación a la hora de calcular este impuesto.

Con respecto a esto último, Pelecano asegura que esta implementación del IPC significa que este sistema actualizará anualmente la lista de valores de los vehículos, de manera que el valor de cada vehículo variará “en función de la inflación que experimente el país, que probablemente sea incremental, y una variación a la baja en función de la depreciación de los vehículos”.

De acuerdo con Francisco Villalobos, abogado tributario y exdirector general de Tributación, este proyecto cambia completamente el modelo de montos fijos a valores basados en percentiles que variarán conforme pasen los años.

Según el exjerarca, este proyecto tiene como fin mejorar la recaudación y por ende “esta iniciativa no parece tener la intención de bajar impuestos”; sin embargo, afirmó que depende del tipo de vehículo y del percentil en que este se encuentre para definir si una persona deba pagar una mayor o una menor cantidad de dinero por este impuesto en caso de aprobarse, pues la propuesta en sí consiste en que los vehículos de menor valor paguen menos por este impuesto que los vehículos más costosos.

Por otro lado, también resaltó que uno de los principales elementos que tendría este proyecto, en caso de aprobarse, es que el método para calcular la devaluación de los vehículos, conforme pasan los años, podría dar lugar a que estos se encuentren en un percentil distinto con respecto a años anteriores, lo cual modificaría el monto a pagar probablemente con una tendencia a la baja.

Estos percentiles se calculan con base en los valores más altos y más bajos de los vehículos que están registrados en el país, donde a partir de la diferencia entre el valor más alto y el más bajo se establecen los rangos de los percentiles.

Villalobos consideró que este nuevo método parecería ser más justo que el método actual, ya que pagarían según su valor real y tomando en cuenta la inflación en dicho cálculo, a diferencia del método actual que calificó como “más o menos antojadizo”. Sobre la incorporación del uso del IPC, Villalobos consideró esto como “aceptable”, ya que en términos económicos esto sirve para calcular de forma más objetiva la devaluación de los vehículos.

Según afirmaron los exlegisladores León y Viales, de haber aplicado esta metodología al año anterior se podrían haber recaudado hasta ₡59,3 mil millones más de lo que se recaudó, incluso a pesar de que recaudarían menos por parte de quienes tengan aeronaves y embarcaciones.

Cabe mencionar que los vehículos pertenecientes a estados extranjeros que los destinen para el uso exclusivo de sus embajadas y consulados acreditados en el país, a organismos internacionales que los destinen exclusivamente para sus funciones, al Gobierno Central, junto con las municipalidades y las instituciones estatales de educación superior y de enseñanza superior parauniversitaria no deberán pagar este impuesto; lo cual aplica también a los vehículos utilizados para extinguir incendios y para el rescate de personas, adquiridos por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, las bicicletas y las aeronaves de fumigación.

Finalmente, también estarán exentas de pagar las ambulancias y unidades de rescate de la Cruz Roja Costarricense, de la CCSS y de los asilos de ancianos sin fines de lucro, las embarcaciones del sector pesquero comercial, artesanal y de cabotaje turístico de pequeña escala; la maquinaria agrícola y la autopropulsada que no traslade personas o cosas; y los vehículos de personas discapacitadas que estén inscritos a nombre de personas que presenten limitaciones físicas, mentales o sensoriales severas y permanentes, para su uso exclusivo (estos estarán exentos en un 50%).