Fuente: Red Cultura.com

La propuesta de ley 18.601, discutida actualmente en la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa y que pretende el fortalecimiento del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC), genera escepticismo entre el núcleo de la oposición.

Además, plantea desde ya un panorama turbio para la aprobación de una iniciativa que, en palabras del viceministro de cultura Iván Rodríguez semanas atrás, vendría a “saldar una deuda histórica que mantiene el Estado con la industria nacional de cine”.

Miembros de la Cámara de Distribuidores y Exhibidores Cinematográficos (CADEC) y de la Asociación de Consumidores Libres (ACL) han manifestado sus dudas a un plan que, entre otras cosas, establece un gravamen de un 1% para las cableras y compañías de internet y celular y propone cuotas para la proyección de cine nacional. Además, establece la creación de un fondo –Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual- para financiar el cine del país, algo inédito hasta el momento, pero que en palabras de Luis Carcheri, vocero de la CADEC, debe verse con cuidado.

Carcheri ha disparado su crítica sobre el aumento en el impuesto de un 3% a un 6% que se les cobraría a las salas de cine de cantones que no son cabecera de provincia –la mayoría actualmente- como parte del proyecto. En concreto, el portavoz ha señalado que el país es uno de los más caros de la región en el pago de impuestos. “No estamos de acuerdo con el nuevo impuesto. Los impuestos al boleto y al pago de regalías en Costa Rica son los más altos de toda Centroamérica”, señaló.

Carcheri ha apuntado que estarían a favor de que se distribuyera el 3% que ya pagan al Estado en el financiamiento del cine, pero no más. Actualmente lo recaudado por medio de ese 3% es destinado al Teatro Nacional y a diferentes proyectos de esta institución, lo que significaría, de ser aplicada la propuesta sugerida por la CADEC , dejar sin financiamiento al teatro. “Nosotros no queremos eso. Lo que sucede es que entonces debería crearse otra medida para financiar al teatro, la danza, y demás proyectos. No puede ser que se quiera financiar al cine y a la misma vez con ese dinero financiar el teatro”, destacó.

El portavoz ha ido más allá llegando a afirmar que no todo el cine nacional fomenta la identidad, y que ese argumento –usado según él por benefactores del proyecto- es insostenible. “Es muy importante dejar claro que no todas las películas costarricense reflejan el ser costarricense. Si se quiere reforzar la identidad del cine costarricense hagamos películas sobre los personajes y eventos que han formado el país hasta la fecha, la guerra del 49, los filibusteros etc. Pero hay un montón de películas con pachuquismos y otras cosas que nada quieren decir de nosotros y que lo peor, fomentan valores negativos”.

Al preguntársele cuanto sumaría ese 3% adicional en el precio del boleto, Carcheri aseguró que no han hecho el cálculo pero que están seguros que el encarecimiento repercutirá en la baja asistencia a las películas, algo que afectará también a la industria nacional y en sus palabras promoverá la piratería.

Por último, el vocero ha terminado posicionándose en contra del sistema de cuotas, algo que para él es innecesario. “Aquí en las salas se han exhibido todas las películas nacionales. No creamos que sea necesario obligar y forzar a las salas de cine a dedicar un porcentaje de su espacio de pantalla”, agregó.  En concreto Carcheri asegura que esta propuesta debería estar acompañada de un estudio que establezca una medida. “Lo que se debe hacer es trabajar en una regulación que permita que si una película ha alcanzado unos 300 personas o la cantidad necesaria para que la sala cubra sus operaciones, pueda continuar proyectándose. Si no, no”

Precisamente sobre el punto de las cuotas también diverge la ACL, institución de defensa de los intereses del consumidor. Sin embargo la línea es un tanto distinta. Para Juan Fernández, su presidente, esta medida atenta contra la libertad de elección del público y los obliga a ver un producto de cine específico. “Tendríamos que ver las películas que nos impongan”, afirma. Fernández también ha profundizado sobre lo perjudicial del cobro de un nuevo impuesto.  “Un impuesto lo termina pagando el consumidor. Y esta es una actividad familiar. La actividad económica está golpeada actualmente y esto hace menos accesible el cine para la familia”, arguyó.

Fernández además ha sido enfático en que la actividad del cine no es solamente cultural -lo que para él ha sido un argumento esgrimido por algunos para justificar el proyecto- sino que es también comercial, y que por lo tanto los productores nacionales deben asumir riesgos, algo que se amputaría con la nueva propuesta. “Toda la sociedad consumidora debe pagar y financiar una actividad de 15 o 10 productores de cine. Si ellos quieren producir cine deben ganarse el favor del consumidor”, afirmó. Para Fernández el proyecto es interesante y lleva “buenas intenciones” pero genera efectos adversos. “Si uno le quita el riesgo a la actividad comercial se puede producir cualquier película, incluso de baja calidad”, concluyó. Otros que se han sumado a la lista de opositores son Fernando Contreras, representante de Canal 6, así como Coopesantos, Coopelesca y Coope Alfaro Ruiz.

Ministerio de Cultura responde

Mientras tanto del otro lado, en una misiva colgada en la web, el viceministro de cultura Iván Rodríguez se ha referido a los aspectos medulares del tema, con el objetivo de clarificar cualquier tergiversación.

Rodríguez ha explicado que los costarricenses no tendrán que pagar ni un colón más por concepto de impuesto alguno. En sus palabras se trata solamente de mejorar u optimizar la recaudación de un tributo que ya existía y que señala el pago de un 6% para los cines ubicados en los cantones cabecera de provincia y un 3% para el resto.

“Cuando se hizo la ley que esperamos modificar, las salas de cine más importantes del país estaban ubicadas en cantones cabecera de provincia, vale decir, la recaudación más significativa por ese impuesto provenía de esos cines. Los cines más importantes del país se ubican hoy en grandes complejos comerciales (malles) ubicados en cantones que no son cabecera de provincia. Este cambio de ubicación geográfica es responsable del no cumplimiento del espíritu de la ley, que era el de beneficiar a los sectores de la población más alejados de los grandes centros urbanos”, se lee en el documento.

Con respecto al 1% que se cobrará a las cableras el viceministro ha afirmado que ni los espectadores de cine ni los usuarios de televisión abierta deberán pagar esto. Se trata solamente de los usuarios de cable, o televisión por suscripción, los cuales deberán aportar un 0.6% del monto de su recibo mensual. “Por lo anterior es que proponemos que se disminuya el 0,6% y no el 1% como cita el proyecto actualmente. Si consideramos que el costo de la suscripción a la televisión por cable ronda los 17.000 colones mensuales, ese 0,6% del monto facturado representa 100 colones al mes”, destaca la misiva.

Por último, Rodríguez ha terminado por referirse a las cuotas de pantalla, algo que también ha señalado no es nuevo pues desde 1954 la ley número 1758 en el artículo 11 señala que se debe destinar un 40% a las producciones nacionales. Rodríguez ha destacado que esto no se cumple actualmente. “Nuestro propósito es reducir de un 40% a un 10% (no un 20% como cita en el proyecto actual) la cuota de pantalla, e incluso, hacer cumplir con este 10% de la manera menos drástica posible, esto es: partir de un 1% e ir subiendo este porcentaje de manera escalonada durante los próximos 10 años”.

El funcionario además ha apuntado que la exhibición de las películas nacionales estaría sujeta a la afluencia del público o “holdover”, uno de los puntos de preocupación cruciales para diversos sectores como la CADEC y ACL, los cuales ven con desconfianza la permanencia en las salas de cine de películas que no consagren el mínimo de asistencia para pagar los gastos de la sala. Por último, Rodríguez ha concluido haciéndose una pregunta sobre la calidad del material audiovisual que se proyecta en el país. Esto frente a las críticas de quienes aseguran que el cine nacional es de baja calidad.

“¿Qué moviliza entonces la preocupación por la calidad de estas películas por parte de algunos legisladores? ¿Es realmente la calidad de las mismas, cuando la calidad de las producciones hollywoodenses jamás ha sido puesta en duda, al menos no en esta instancia? Nadie aquí en la Asamblea ni en ningún lugar opina sobre la calidad de esa exhibición, sobre lo más o menos enajenante, educativo o constructivo de las películas que se ofrecen al público”, concluyó.