Fuente: La Nación

Los proyectos de ley del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están a punto de entrar, de golpe, al plenario de la Asamblea Legislativa con un mal pronóstico sobre su futuro.

Llegarán al pleno sin haber sido sometidos a un proceso reposado de cambios y de discusión en las comisiones legislativas de Hacendarios, Jurídicos y Económicos.

Así ocurrirá porque empezaron a expirar los plazos para que estos foros discutan y enmienden los proyectos, a fin de recomendar su aprobación o improbación al plenario.

De hecho, ya venció el plazo para dos de los proyectos: el de reducción de exoneraciones fiscales, así como el de eliminación de plazas vacantes y congelamiento de pensiones de Gobierno durante la crisis fiscal.

Para los otros cinco, el timbre de salida sonará entre la próxima semana y mediados de octubre. El primero en la fila es el del tributo a los premios de lotería, cuyo plazo expira el próximo martes 21 de setiembre.

Luego, siguen aporte de empresas estatales al pago de la deuda pública, impuesto a casas de lujo, renta global y reforma a Ley de Aduanas.

Todos estos proyectos entraron al Congreso en febrero de este año, un mes después de que el Gobierno firmó el acuerdo con el FMI para equilibrar las finanzas públicas.

¿Qué pasa cuando expira el plazo sin que una comisión haya dictaminado? En esos casos, los diputados están obligados a tomar una decisión, aunque no hayan discutido lo suficiente cada proyecto.

Si existen mociones de cambio sin discutir, los congresistas tendrán que votarlas sin leerlas ni discutirlas cuando el proyecto entre en el orden del día de la comisión; solo podrán decir sí o no.

En la sesión siguiente a ese acto, cada diputado podrá usar la palabra por 10 minutos y proceder a votar el expediente. Si no lo hacen en esa sesión, legisladores están obligados a hacerlo en la siguiente, sin discursos ni atrasos.

A ese mecanismo se le conoce como la guillotina legislativa. El artículo 80 del reglamento de la Asamblea Legislativa establece que se aplica una vez cumplido el plazo máximo de 120 días hábiles para que un proyecto pase por una comisión.

Una vez que eso suceda, la agenda del FMI tiene un panorama bastante nublado en el plenario por una razón política: los proyectos entrarán al conocimiento de los 57 diputados sin que hayan sido madurados en comisión y, peor aún, sin que hayan recibido el impulso de alianzas partidarias.

Incluso, los expedientes llegarán al plano sin que se incorporaran los cambios planteados por el Gobierno, a solicitud de Liberación Nacional (PLN), con los que se atenuarían algunos aumentos de impuestos.

En el plenario, los proyectos podrían ser ahogados con centenares de mociones de fondo, según lo permite el artículo 137 del Reglamento. Para ello, existen dos oportunidades.

Esas mociones que se presentan en el plenario, se remiten de nuevo a estudio de la comisión respectiva, que tendría por delante horas de sesiones para el trámite de las propuestas.

Así sucedió, por ejemplo, con el proyecto de Ley Marco de Empleo Público que, si bien se había discutido bastante en la etapa previa al dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración, atravesó extensas horas de discusión de mociones, primero en el seno del órgano legislativo y, posteriormente, en el plenario.

Posteriormente, los diputados podrán reiterar las mociones que sean rechazadas en las comisiones.

Las mociones de fondo no tienen un límite, se pueden presentar cientos, incluso miles. En cuanto a las reiteraciones, el límite es la cantidad de mociones de fondo que hayan sido rechazadas en la comisión. Es decir, no se pueden presentar, entre las reiteraciones, mociones nuevas.
Tic, toc; tic, toc

El plazo reglamentario para que una comisión emita un dictamen es de 60 días hábiles. No obstante, la norma permite ampliar ese plazo, por una sola vez, por un periodo igual: o sea, hasta 120 días hábiles.

Ese periodo se puede ser afectado por varios factores, como feriados, recesos legislativos o días en que un expediente estuvo fuera de la convocatoria del Gobierno.

El 26 de mayo, por ejemplo, se le venció el plazo al proyecto que proponía la eliminación de plazas vacantes en la Comisión de Hacendarios, foro que preside la liberacionista Ana Lucía Delgado.

Recién el jueves pasado 16 de setiembre, se venció el plazo para dictaminar el plan sobre reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas de capital, que plantea eliminar la exención tributaria del salario escolar. Ese texto está en Jurídicos, comisión liderada por Franggi Nicolás.

En el caso del impuesto a los premios de loterías, que también está en Jurídicos, el plazo vence esta semana sin que apenas se hayan realizado audiencias a sectores afectados.

Dos semanas después, le llega la hora al impuesto sobre casas de lujo en el foro de Jurídicos, mientras que el 18 de octubre suena el reloj para dos expedientes: renta global (Hacendarios) y la reforma a la Ley General de Aduanas (Comisión de Económicos, que preside la liberacionista Karine Niño).

El único texto que cuenta con un plazo más holgado es el que plantea un aporte solidario de las utilidades de las empresas públicas a la situación financiera del país, cuyo vencimiento será el 4 de noviembre.

La única manera de que estos proyectos no entren a hacer fila al plenario sería un acuerdo político para no aplicar la guillotina, manteniendo los expedientes suspendidos en el limbo parlamentario.

¿Qué pasará con los textos sustitutivos del Gobierno?

En el panorama aciago que se les presenta a los proyectos del FMI, los borradores de textos sustitutivos presentados por el Gobierno en cuatro de los expedientes podrían no tener mucha cabida, precisamente por los tiempos.

La norma reglamentaria (artículo 80) impide que, cuando a una iniciativa ya se le venció el plazo para dictamen en comisión, se le puedan presentar nuevas mociones de fondo.

La única manera de tramitar un nuevo texto sería, entonces, presentarlo en el plenario dentro de la etapa para gestionar mociones de fondo, lo cual también requiere de ambiente y acuerdo político entre las fuerzas parlamentarias.

En ese panorama, adicionalmente, aparece la misión enviada por el FMI para evaluar el avance del acuerdo con el Gobierno de Costa Rica, que llegará al país entre finales de setiembre e inicios de octubre.

El veredicto de esa misión será determinante para que el Estado pueda recibir un segundo desembolso del crédito por $1.778 millones, al que accedió bajo la promesa de mejorar sus finanzas públicas con la aprobación de los siete proyectos del acuerdo.