Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).-La presunta liberación de datos de contribuyentes, sustraídos de las bases de datos del Ministerio de Hacienda, también expondría a esta entidad y a su jerarca Elián Villegas a una serie de responsabilidades a las que obliga la ley para proteger la integridad de la información de los ciudadanos y cumplir con su deber de probidad.

El viernes pasado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt) dio a conocer que ya el grupo cibercriminal Conti liberó al menos la mitad de la información robada a instituciones públicas, entre ellas Hacienda.

Y este 25 abril, el grupo Conti, responsable del ataque de ransonware, aseguró que ya había liberado el 80% de los datos hackeados. 

Sobre el tema del resguardo de los datos de los contribuyentes, para el abogado Raymundo Volio, especialista en derecho tributario, dijo que “el artículo 171 y 172 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios expresamente protegen la confidencialidad de los datos fiscales de los contribuyentes y se prohíbe que la Administración Tributaria o cualquier persona que acceda a esta información, la divulgue; se entiende que en función del principio de responsabilidad objetiva del Estado ante el incumplimiento de este deber material de parte de la Administración Tributaria de custodiar conservar y resguardar la información de los contribuyentes, evidentemente generará una responsabilidad objetiva que será indemnizable”.

Además, indica que los artículos 93 bis al 98 bis muchos de estos recientemente reformados en el año 2016, establecen una serie de delitos muy importantes para funcionarios públicos o terceras personas que accedan a la información de la Administración Tributaria sin que se encuentre en el marco de un procedimiento legalmente establecido el uso, distribución, acceso u obtención, de cualquier manera esta información, está penado expresamente por la ley.

“Con estos artículos cabe aclarar que también está sancionada la posibilidad de colaborar de manera culposa es decir, dejar abierta una computadora, abrir un correo de forma indebida por parte de funcionarios con el material o las computadoras del propio ministerio; todas estas acciones culposas podrían ser consideradas también como sancionables y evidentemente, la alteración de la ciberseguridad es una parte de este problema que expresamente está regulado y sancionado en la ley tributaria”, agregó Volio.

Graves consecuencias

Por su parte, para el contador público Marco Vargas, los ciberataques del grupo Conti en el Ministerio de Hacienda, que mantiene en jaque a las autoridades fiscales, vulneraron el secreto tributario de los contribuyentes y podría generar graves consecuencias de manera inmediata o a mediano plazo.

Por esta grave falla de los sistemas de seguridad de la administración tributaria, el secreto tributario, el cual es tipificado en el artículo 115 y 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, busca proteger y equilibrar una serie de derechos del individuo como contribuyente y el estado, se expuso completamente, y hasta ahora, no existe una respuesta oportuna de las autoridades competentes”, señala el especialista.

El socio director de la firma asesora tributaria VV&A detalló las graves implicaciones que podría traer este ciberataque para todos los contribuyentes.

“Con los hackeos de las bases de datos del Ministerio de Hacienda y con la publicación de información de los contribuyentes en la red oscura, genera un grave peligro a los contribuyentes que depositamos en la administración tributaria información sensible como ventas, gastos, relaciones comerciales con terceros, información de representante legales y otra gran cantidad de información, que no es de acceso público”, explicó Vargas.

Según el especialista, entre las repercusiones de este sensible ataque cibernético, están los riesgos reputacionales, la información que llega a manos de la competencia, la revelación de relaciones comerciales con terceros y los patrimonios de los contribuyentes, entre otros.

“Todo esto genera una vulneración a la intimidad (personal y económica), lo que podría producir daños graves a los contribuyentes como el hurto, el chantaje, la competencia desleal, y entre las múltiples situaciones pueden generar perjuicios económicos graves y crear un clima de incertidumbre”, añadió el experto en temas de impuestos.

El tema del secreto tributario en el pasado ha sido discutido al punto que en el año 2016 -cuando se aprobó la ley de lucha contra el fraude fiscal-, se optó para que la información del registro de beneficiarios finales terminara gestionada por el Banco Central por la filtración de datos en aquel entonces, explicó Vargas.

“Sin lugar a duda las repercusiones de este ataque a las instituciones estatales y especialmente al Ministerio de Hacienda genera en perspectiva todo el esquema en que se opera actualmente y da una ruta de cuáles serán las acciones futuras para proteger los derechos de los contribuyentes si efectivamente esta información se hace pública”, finalizó.

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