Fuente: La Nación

Las modificaciones a las remuneraciones del sector público incluidas en la reforma fiscal aprobada en el 2018 frenaron el fuerte crecimiento que presentaba el gasto en incentivos salariales en años anteriores.

Los incentivos nacieron en los años 70 y 80 como una forma de estimular a los trabajadores del sector público a capacitarse y como reconocimiento por laborar en áreas rurales, entre otros.

No obstante, con el tiempo los beneficios llegaron a crecer más que los salarios base.

En el 2011, el gasto en incentivos en el sector público aumentó 12,2% respecto al 2010 y el de las remuneraciones básicas, 9,6%. Esto se fue desacelerando hasta que en el 2017 las tasas de crecimiento se revirtieron y, en el 2020, el gasto en los pluses cayó, por primera vez en los últimos 10 años, un 0,1% respecto al 2019, mientras que las remuneraciones básicas aumentaron 2,2%.

Estos incentivos se financian con la recaudación de impuestos, las tarifas de los servicios públicos o deuda, por ello, dichas tasas de crecimiento eran insostenibles.

Los datos los publicó, el 4 de mayo pasado, la Contraloría General de la República en su Memoria Anual del año 2020.

“Las regulaciones establecidas en el Título III de la Ley N° 9635 disminuyen el dinamismo de los incentivos salariales en el sector público, no obstante que persisten las disparidades entre sectores”, expresó la Contraloría en su análisis sobre el gasto en remuneraciones en el 2020.

La Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cambió la forma de pagar algunos de los incentivos, como las anualidades, la dedicación exclusiva y la carrera profesional en el sector público.

El pago de anualidades pasó de ser un porcentaje del salario a un monto fijo para todo el sector público. Antes de la Ley, la anterior ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, había implementado ese cambio en el Gobierno Central.

Además, solo se otorgan anualidades a quienes tienen una evaluación de “muy bueno”, antes era de “bueno” en adelante.

Además, por carrera profesional, ya no se dan incentivos sobre títulos o grados académicos que son requisito para el puesto.

La dedicación exclusiva o prohibición, por su parte, ya no se pagan sin límite de año como antes, sino que establece que el plazo máximo del contrato no podrá ser menor de un año, ni mayor de cinco.

En el 2020, el gasto en remuneraciones del sector público fue de ¢5,9 millones de millones, lo que representa 16,5% del producto interno bruto, siendo así la segunda partida de mayor importancia dentro del gasto total del sector público.