Fuente: La Nación

El presupuesto ordinario del Gobierno Central para el 2021, que el Ministerio de Hacienda entregará a la Asamblea Legislativa el próximo 1.° de octubre, aplicará la regla fiscal, pero también utilizará las cláusulas de escape que contiene la ley para las entidades que están atendiendo la pandemia.

“La idea es que de la regla fiscal solamente salen aquellas (entidades) que expresamente lo requieran como consecuencia de la pandemia y por gastos específicos directamente relacionados con esta.

Este será el segundo presupuesto que aplicará la regla fiscal, incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde diciembre del 2018.

La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto, determinado por dos variables: la relación de la deuda total del Gobierno Central con respecto al producto interno bruto (PIB) nominal del ejercicio anterior al año de formulación del presupuesto, y el crecimiento del PIB nominal de los últimos cuatro años anteriores al de formulación del plan de gastos nacional (del 2016 al 2019 para el presupuesto del 2021).

Para el 2021, se aplica el escenario c), que establece: “Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal sea igual o mayor al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PIB, pero inferior al sesenta por ciento (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio del crecimiento del PIB nominal”.

Sin embargo, el ministro Villegas explicó que, aunque originalmente las instituciones trabajaron con ese margen, luego les pidieron que hicieran una rebaja sobre eso.

“Incrementar el presupuesto en un 4,13% nos pareció alto y, por tanto, solicitamos que rebajaran la propuesta originalmente presentada”, indicó el jerarca.

En ese escenario todavía no se limita el gasto de capital (para obras), solo el corriente (incluye remuneraciones, transferencias corrientes e intereses).

Villegas comentó que el presupuesto total oscilará entre ¢10 millones de millones y ¢11 millones de millones, y la Contraloría General de la República estimó que por ingresos corrientes, que incluyen principalmente la recaudación de impuestos, el Gobierno obtendrá en el 2021 ¢5,1 millones de millones; el resto deberá obtenerlo vía deuda.

El Ministerio de Hacienda estima que para el 2021 requerirá endeudarse en ¢5,3 millones de millones, lo cual equivale a un 15% de la producción interna estimada para ese año.

Dicho monto es necesario poder atender un déficit financiero (exceso de gastos totales sobre ingresos totales) de ¢2,9 millones de millones (equivalente al 8,1% de la producción) y pagar deudas de años anteriores por cerca de ¢2,4 millones de millones (6,9% del PIB), según la información que presentó la entidad en el plan de endeudamiento del segundo semestre.

“El entorno de pandemia y la recesión económica hacen muy complicado que el financiamiento se pueda obtener en el mercado local, por lo que el Gobierno tendrá que recurrir a más préstamos y hasta considerar la posibilidad de emitir deuda externa”, opinó Brenes.

Freddy Quesada, gerente general de INS Valores, consideró que conseguir financiamiento para el 2021 será retador, pero hay dos puntos a favor: la liquidez que hay, tanto en los mercados locales como internacionales; los bajos niveles de tasas de interés que habrá todavía en 2021, y la baja inflación.