Fuente: La Nación

La próximo reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en octubre próximo en la ciudad de Roma en Italia, será esencial para conocer los detalles del impuesto mínimo global a las multinacionales y la forma en que impactará a Costa Rica.

A finales de dicho mes, los 139 países que conforman el grupo de trabajo de la OCDE, sobre dicho tributo, tomarán la decisión de los requerimientos de la nueva tasa para empresas.

Hasta el momento este órgano multilateral, así como los países miembros del G20, acordaron principios marco básicos, como la tasa del 15% y que se aplicará a multinacionales cuya facturación anual supere los 750 millones de euros ($890 millones).

El efecto final sobre la legislación costarricense que brinda incentivos fiscales, en especial a las compañías instaladas en zona franca, aún es incierto.

Para Elian Villegas, ministro de Hacienda, una vez que se conozca la propuesta final, el país deberá tomar decisiones sobre las leyes vigentes.

  “Cualquier decisión que tomemos, debemos tener muy presente que somos un país importador de inversiones. Ocupamos la inversión para generación de trabajo, transferencia de tecnología y crecimiento económico”. Elian Villegas, ministro de Hacienda.

“Deberá revisarse la legislación vigente, los contratos administrativos firmados y, a partir de ahí, determinar si amerita o no una modificación. Pero pensando en mantener el equilibrio de la política de atracción de empresas, la cual es exitosa, y la seguridad jurídica”, afirmó Villegas.

El funcionario recalcó que Costa Rica debe tomar sus acuerdos en el contexto multilateral.

“Cualquier decisión que tomemos, debemos tener muy presente que somos un país importador de inversiones. Ocupamos la inversión para generación de trabajo, transferencia de tecnología y crecimiento económico”, subrayó el ministro de Hacienda.

Los ministros de Finanzas de las 20 economías más desarrolladas del mundo aprobaron, este sábado 10 de julio, la tasa mínima global con el objetivo de poner fin a los paraísos fiscales y que deberá entrar en vigor en el 2023.

La estimación de la OCDE es que este tributo del 15%, afectaría a menos de 10.000 grandes empresas y generaría ingresos fiscales adicionales de $150.000 millones anuales.

La tasa mínima tomó fuerza después de que la Administración de Joe Biden diera su respaldo como parte de los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía.
Posibles escenarios

Para especialistas en temas tributarios, consultados por La Nación, Costa Rica debe definir, antes de cita de la OCDE de octubre próximo, cuál será la posición de la nueva tasa mínima global para las compañías de zona franca y las que se puedan instalar en el futuro.

Este régimen especial mantiene una exoneración del pago del impuesto sobre la renta a las empresas que inviertan en el país.

Para Randall Madriz, socio de Impuestos de Deloitte, sería deseable que Costa Rica aclarara, previo a la próxima reunión del organismo multilateral, la posición sobre el impuesto mínimo y el régimen de zona franca.

“Hay varios sesgos que definen a cuáles empresas se les aplicará y a cuáles no, como son los ingresos netos. Segundo no necesariamente las empresas de zona franca son a las que se busca aplicar el impuesto, sino las que brindan servicios digitales”, destacó Madriz.

La reforma propuesta por la OCDE y respaldada por el G20 implica un cambio en el modelo tributario internacional, destacó Francisco Villalobos, socio director de ICS Abogados, firma especializada en temas tributarios.

“La propuesta de cambio es que ciertos jugadores de gran peso en la economía global paguen, con independencia de donde tienen su casa matriz”, afirmó el especialista.

Villalobos destacó que esta iniciativa será una realidad solo si cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

“La afectación para Costa Rica no estará clara hasta octubre, pero implicará un efecto solo a las empresas que tengan su casa matriz en países de baja o nula tributación. No está pensado para afectar el modelo de zona franca”, destacó el abogado.

Agregó que este régimen especial se ideó para incentivar la producción de bienes o servicios, con un alto valor agregado, a cambio de no cobrarle renta a la empresa.

Para Alonso Erak, director de Fiscalidad Internacional de Grant Thornton, una vez esté lista y respaldada la forma de implementar el impuesto mínimo, el país tendrá claridad de la decisión futura.

“La idea es tener un espacio de discusión para que, en el 2023, se puedan implementar de forma práctica en el ámbito tributario global”, dijo Erak.

El especialista destacó que si un país, donde esté ubicada una empresa, decide no aplicar la tasa mínima global, el porcentaje se implementará en donde esté la casa matriz de la compañía, pues se trata de acuerdos globales.