Fuente: La República

La Contraloría y el Ministerio de Hacienda todavía difieren sobre cómo se debe aplicar la regla fiscal.

Cumplir la regla bajo el criterio de la Contraloría implicaría una hipotética reducción del 45% en la planilla; o bien, cerrar unos ocho ministerios para recortar el presupuesto para el próximo año en ¢1 billón, según estima Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.

Esto se debe a una diferencia en cómo se interpreta el límite del crecimiento del gasto corriente del Gobierno en un 4,67%.

Para Hacienda, el tope se estima al aplicar ese porcentaje al presupuesto que se presentó para el 2019, con lo que se establece, como máximo, unos ¢7,9 billones.

Sin embargo, la Contraloría considera que el tope se determina por el gasto ejecutado, que es lo que verdaderamente pagaron las instituciones, para el 2019.

Esto presenta un problema práctico para Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, pues el gasto devengado del 2019 no se conocerá hasta el cierre del año, mientras que los presupuestos se vienen formulando durante todos estos meses y, finalmente, se presentan en la Asamblea Legislativa a más tardar el 1º de septiembre.

Por eso, Hacienda señala que, para cumplir, tendría que usarse el presupuesto ejecutado dos años antes al que se está formulando; en este caso, el del 2018, llegando a un límite de ¢6,8 billones al estimarse con este número.

Es decir, implicaría recortes de ¢1 billón del presupuesto que presentó Hacienda la semana pasada al Congreso, lo cual parece inviable, según la ministra.

“Suena muy interesante una regla fiscal mucho más agresiva, la pregunta es si es viable, y qué hacemos con una regla que no sea viable salvo otras reformas, creo que este es un tema que no debemos simplemente decir que es un cálculo matemático”, dijo Aguilar ante los diputados de la Comisión de Hacendarios este miércoles.

Otras opciones serían bajar el presupuesto de educación al 4% del PIB, o reducir los intereses, ya sea pagando la mitad de las tasas o reduciendo el endeudamiento a la mitad, por lo que significaría tomar medidas de carácter estructural, agregó.

Sin embargo, para el cumplimiento de la regla fiscal en 2020 en realidad lo que se debe constatar es que el monto devengado no supere en 4,67% el monto devengado del año 2019, según Julissa Sáenz, gerente del Área de fiscalización del sistema de administración financiera.

Para la Controlaría, la reforma establece tres momentos de control y verificación de la regla; un primer momento durante la etapa de formulación y aprobación presupuestaria; un segundo momento durante la ejecución del presupuesto, y finalmente con la liquidación presupuestaria.

Por eso, el problema no sería ahora, si no cuando llegue el momento de verificar que el gasto ejecutado no superó en 4,67% el del año anterior.

“La reforma establece la verificación del cumplimiento de la regla fiscal en los distintos momentos del gasto, particularmente, a nivel de presupuesto inicial este ya fue formulado de conformidad con el límite establecido. Ahora sigue el monitoreo del cumplimiento en la ejecución y liquidación del presupuesto, a partir del porcentaje máximo”, dijo Sáenz.

Para ese momento, el tope sería diferente de los ¢7,9 billones que estima Hacienda con base al presupuesto.

La Contraloría propone aprobar un transitorio en el Congreso que permita que el cumplimiento sea con el presupuesto inicial solo para este primer año, para mantener los presupuestos que se han venido trabajando.

Pero, para el resto de los años se debe seguir evaluando como un límite al crecimiento del gasto corriente ejecutado.