Un frenazo, en seco, sufrió ayer la reforma fiscal que tramita la Asamblea Legislativa.

La orden vino desde el Poder Judicial, donde los magistrados de la Sala Constitucional acogieron para estudio una acción de inconstitucionalidad contra el proceso de vía rápida con que se ha tramitado y discutido el plan.

Tal acción de inconstitucionalidad la presentó el diputado Luis Fishman, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Mientras los siete altos jueces resuelven por el fondo el reclamo de Fishman, ordenaron a los diputados no someter a votación final (segundo debate) el plan.

El llamado proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria podrá seguir su curso y hasta votarse en primer debate. Nada más.

La acción fue interpuesta desde el 10 de octubre por el jefe de fracción del PUSC, quien pide que se declare inconstitucional el acto legislativo del 27 de setiembre, en el que se aprobó un procedimiento especial de trámite rápido para discutir y votar el plan.

Fishman alega que la aplicación del artículo 208 bis que el plenario le aplicó al plan violenta el derecho de los diputados a presentar mociones y discutir de forma “reposada” la propuesta.

“El establecimiento de plazos a todas luces insuficientes para la correcta discusión del proyecto es violatorio de los principios de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales”, agrega la acción que se tramita bajo el expediente 11-12867-0007-CO.

Diferente criterio. La votación en la Sala IV resultó dividida.

Luis Fishman pidió que el magistrado Luis Paulino Mora, quien preside el Poder Judicial, se abstuviera de conocer la acción de inconstitucionalidad.

Explicó que un hijo de Mora, del mismo nombre, labora para él en el Congreso como asesor legislativo y fue él quien redactó la acción.

En lugar de Mora votó la magistrada suplente Roxana Salazar Cambronero, quien inclinó la balanza 4 -3. Así lo explicó el magistrado Ernesto Jinesta, quien prefirió no detallar quiénes votaron a favor y quiénes en contra.

Esa variación permitió que por primera vez esa Sala acogiera una acción contra el artículo 208 bis, vía rápida que se aplicó a varios proyectos en el pasado.

La decisión de los magistrados contradice el deseo navideño de la presidenta Laura Chinchilla, quien este martes reiteró la urgencia de dotar al Ejecutivo de más recursos, vía impuestos.

“Entre más rápido pasemos esta reforma tributaria, más nos vamos a poder concentrar en todo el tema de aceleración del crecimiento económico (...). Conjugando la estabilidad de las finanzas públicas y el crecimiento económico, yo estoy segura que en uno o dos años Costa Rica vuelve a estar en una situación bastante óptima ”, dijo Chinchilla tras el Consejo de Gobierno.

Sin plazo. Pero la esperanza del Ejecutivo depende ahora de la celeridad con que los magistrados puedan resolver la acción.


La presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, comentó hace dos semanas en entrevista con La Nación, que el promedio de resolución de una acción de este tipo es de dos años.

Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, estimó que en el fondo la queja interpuesta por Fishman no afectará significativamente el trámite del proyecto.

Alegó que de todas maneras, luego de la votación del plan en primer debate, se iba a someter el proyecto a consulta de la Sala IV.

“Una vez más lo que se pretende con estas acciones es evitar a toda costa que se aplique la voluntad de la mayoría”, reclamó Benavides.

Ya el 30 de noviembre, Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso, objetó la vía rápida, pero su propuesta fue rechazada en el plenario, por 33 votos.

“Estoy convencido de que el 208 bis tiene vicios tanto en su formulación como en su ejecución, por lo tanto no me sorprende que lo hayan frenado, pero quiero ver con calma la resolución de la Sala”, declaró el congresista.


Esteban Mata y Vanessa Loaiza

Periódico La Nación