Llegó puntual a la cita con este diario, el pasado jueves a las 3:30 de la tarde; en su camino saludó al gerente del Banco Central, Félix Delgado, quien iba a una reunión en el Despacho, entró corriendo a su oficina, y salió unos 40 minutos después, preparado, con su computadora, para atender las consultas.

Con su particular estilo pausado, el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, dejó ver que vive un momento realmente tenso.

Después de luchar intensamente durante casi dos años por la aprobación de un proyecto de reforma tributaria, ahora el futuro de la propuesta depende de la decisión que tome la Sala Constitucional en relación con varias consultas planteadas sobre su tramitación.

El Gobierno está a las puertas de dos escenarios: que la Sala IV de luz verde al proyecto de Solidaridad o que éste muera en la Sala. ¿Cómo se prepara Hacienda para ambos escenarios?

Empiezo con el escenario que consideramos más probable, que es que finalmente se pueda aprobar.

”Si logramos aprobar el proyecto de Solidaridad ya podríamos aspirar, por lo menos, a que las otras calificadoras de riesgo también nos suban a grado de inversión y eso significa que bajan las tasas de interés a las que podemos tener acceso y nos sube el valor de los títulos; ese aumento en el valor de los títulos costarricenses es muy importante para todos los inversionistas que los tienen, empezando por los fondos de pensiones.

”También es muy interesante que al tener grado de inversión, se hace posible que inversionistas de primer orden internacional inviertan en Costa Rica, con esto se amplía la demanda por los títulos, entonces no solo se reduce el costo de financiarnos, sino que hay muchísima mayor disponibilidad”.

¿Eso implica que si les aprueban el proyecto para hacer las colocaciones (de bonos) en el exterior, antes de que la Sala IV resuelva lo de Solidaridad, se esperarían para hacer la emisión?

Empezaríamos el procedimiento porque no es tan rápido, hay que contratar los asesores externos, el banco que se va a encargar de hacer la colocación, hay que visitar los principales inversionistas potenciales, se lleva un rato todo el proceso, unos tres meses. Mientras, nosotros esperaríamos que se resuelva.

Y el otro escenario, ¿qué pasaría si no se aprueba?

Significaría seguir con el mismo esquema que tenemos, probablemente tendríamos que seguir colocando, especialmente en el mercado interno, y lo que podamos colocar en el mercado externo sería a tasas de interés más elevadas.

¿Ya han hablado con bancos internacionales?, ¿qué tanto camino tienen adelantado?

Precisamente en las reuniones de la Asamblea de Gobernadores del BID, que andaba esta semana (la anterior para el lector), en esas reuniones casi siempre hay participación de todos los bancos internacionales, los bancos de inversión y entonces estuvimos conversando con cinco o seis de los principales bancos de inversión, para ver cómo ven las perspectivas, y básicamente ellos ven muy bien las perspectivas de Costa Rica; si tenemos reforma tributaria podemos tener tasas de interés más bajas y más entidades interesadas en nosotros. En general, la gente con la que hemos hablado piensa que hay espacio para que Costa Rica coloque $500 millones o $1.000 millones.

¿Cuán preocupados están ustedes de que la Sala IV pueda traerse abajo el proyecto?

Hay una parte subjetiva: lo que espero es que lo aprueben favorablemente. Me parece importante tener presente que la Sala, a la hora de valorar las decisiones que toma, normalmente tiene una perspectiva más amplia que el texto estricto de las normas; las interpreta teniendo en cuenta las condiciones generales del país, y eso es lo que me lleva más a pensar que los señoras y las señoras magistrados se planteen el problema que significaría para el país el no resolver este problema rápidamente.

Si la Sala le da luz verde al proyecto, ¿cómo prepararán a la población para implementarlo? Es un proyecto muy complicado, solo la extensión de IVA a los servicios implica un montón de gente más reteniendo el tributo.

Hay que hacer una campaña educativa para explicar bien qué es lo que resultó ser la nueva legislación, estamos en una etapa de discusión interna.

Con el proyecto de ley de gasto que van a enviar a la Asamblea Legislativa, ¿creen que estarían salvando un poco el temor que hay en torno a que, según nuestra historia, cada vez que viene una reforma tributaria a los años vuelve a explotar el problema fiscal?

La idea es esa, es tratar de hacer más efectiva la gestión de los recursos y ponerle límites razonables y mecanismos de salida de las situaciones críticas. Hay una parte de rendición de cuentas.

Esta vez la campaña política arrancó temprano y con ella viene la presión para que el Gobierno aumente el gasto y caer en el ciclo político electoral, ¿cómo evitarlo?

(Saca un gráfico en el cual muestra que en la administración Figueres Olsen, 1994-1998, donde él fue ministro de Hacienda en los dos primeros años, se rompió con el ciclo político de las finanzas públicas).

“Eso lo vamos a volver a hacer, eso debe dar credibilidad (sonríe), no lo podemos garantizar, pero tenemos experiencia y ya lo hicimos”.

¿Qué resultados concretos han obtenido de los planes del control de gasto y la solicitud a las instituciones para que colaboren?

Eso es parte del tema que me parece que debe discutirse ahora más, de fortalecer la capacidad de dirección del Poder Ejecutivo, elegimos un Presidente, pero no le damos los instrumentos para que pueda hacer la tarea.

”En las directrices de este año y las del siguiente se establecieron límites al crecimiento dirigidos, principalmente, al gasto corriente, se lleva un control, pero vea los problemas complicados: el ICE, por ejemplo, no está metido dentro de ese seguimiento, si tenemos algún riesgo fiscal es el ICE, porque es el que tiene menos controles.

”La otra grande que tenemos es la Caja Costarricense de Seguro Social. Se ha establecido que no esté sujeta al Poder Ejecutivo, ni en materia del gobierno, ni de administración, eso la convierte en un riesgo fiscal, pero ya no es una contingencia, ya se hizo realidad.

”Otro riesgo gigante son las universidades, también están fuera de los registros y el control, son un riesgo fiscal importante porque ellas deciden cómo aumentan el gasto, aunque no tengan el ingreso, y después pasan la factura”.


Patricia Leitón
Periódico La Nación