Fuente: La República

La incertidumbre en torno a la ley de empleo público preocupa a empresarios y analistas.

Y es que la salud fiscal de Costa Rica pende de un hilo por las señales contradictorias que surgen de la Asamblea Legislativa, la Corte y la Procuraduría en torno a este tema.

Por un lado, los legisladores abogan por avanzar con la iniciativa que establecería un mismo salario por puesto laboral para todo el sector estatal, a la vez, que los magistrados sugieren ilegalidades y ponen en entredicho el proyecto en cuestión.

En ese sentido, la Procuraduría también ha señalado la ilegalidad del proyecto.

Recientemente, la Corte volvió a advertir que se requieren 38 votos para aprobar el proyecto, lo cual, preocupa a los empresarios, quienes piden a los diputados avanzar con la iniciativa.

“Aunque no es el ideal, es un primer paso que se debe tomar para sanear las finanzas públicas, ya que nos traería un ahorro cercano al 1% del PIB. Consideramos vital aprobar una Ley de Empleo Público, que promueva un salario único, limite los pluses salariales y regule razonablemente el régimen de cesantía y las anualidades”, dijo Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio.

Un ahorro mínimo de ¢309 mil millones al año en el pago de salarios e incentivos, es lo que estima Pilar Garrido, ministra de Planificación, cuando se apruebe la ley de empleo público en la Asamblea Legislativa.

La iniciativa, que volverá a votarse en primer debate por disposición de la Sala IV, ordenaría el régimen de salarios de la administración pública, al crear un puñado de categorías salariales, a la vez que establece un monto máximo para toda la administración pública.

La idea, es que ningún funcionario nuevo gane más que el Presidente de turno, lo que equivaldría a unos ¢7 millones.

En los casos en que un trabajador ya tenga una remuneración por encima de ese monto, se le congelarían los incentivos y los aumentos salariales por costo de vida.

Por otra parte, se fijaría un salario global para toda la administración pública, con el objetivo, de que se pague el mismo salario en todas las instituciones estatales por iguales responsabilidades.

“La reforma del Estado debe hacerse para solventar el problema de las finanzas y el déficit fiscal, ya sea en el contexto del FMI, o sin él”, dijo Daniel Suchar, analista financiero.

Y es que hoy en día, el 50% de los ingresos que recauda el Ministerio de Hacienda se utilizan para pagar el salario de los empleados públicos todos los años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Este gasto implica que Costa Rica es el país que más dinero invierte porcentualmente en la OCDE para pagar a su aparato estatal.

Esto, porque en el conocido Club de los Países Ricos como también se le conoce a la OCDE, el promedio es de un 25%.

El dato cobra relevancia en momentos en que la Asamblea Legislativa tramita una reforma al empleo público, que promete ahorrarle al país unos ¢300 mil millones al año.

En vez de acabar con las disparidades salariales en el sector estatal, la ley de empleo público tiene el potencial de ensanchar la brecha de remuneraciones, según diputados opositores a la ley.

Y es que la normativa que discuten los legisladores y que tendrá que ser votada una vez más en primer debate por orden de la Sala IV, le otorga autonomía al Poder Ejecutivo, Municipalidades, U públicas y las instituciones autónomas como la Caja en materia de remuneraciones.

Esto implica que más de 150 mil trabajadores quedarían exonerados de la ley, indican José María Villalta del Frente Amplio, María Inés Solís de la Unidad, Paola Vega, independiente y Wálter Muñoz del PIN, entre otros.

La interpretación que hacen los legisladores, es que la autonomía que se incluye en la ley, haría que el Ministerio de Planificación, no pueda obligar a ninguna de esas instituciones a someterse al salario global, salario máximo – de ¢7 millones – o al congelamiento de pluses y otros aumentos.

“Qué va a pasar cuando una institución diga yo excluyo a mi personal de esta ley aplicando este artículo, y Mideplan llegue y diga: no, miren, yo no estoy de acuerdo con que usted excluya ese personal; quién va a tomar la decisión final o es que van a quedar esos dos regímenes el de Mideplan y de la institución dentro de las mismas instituciones”, dijo Vilallta.