Fuente: Diario Extra

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió sobre una serie de imprecisiones presentes en una iniciativa cuya finalidad es condonar impuestos municipales y disminuir la mora en patentes.

La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del órgano contralor emitió un criterio sobre el proyecto de Ley conocido como “Autorización Municipal para promover la disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación”, que se tramita con el expediente 22.412.

Dicho proyecto de ley procura autorizar a los gobiernos locales y a los concejos municipales de distrito a que procedan a la condonación total o parcial de los recargos, intereses, multas y otras multas por sanciones que adeuden a las municipalidades por concepto de impuestos, tasas, licencias y servicios por el impuesto de bienes inmuebles.

La iniciativa permite también una habilitación para que los ayuntamientos actualicen los montos a pagar por concepto de licencia municipal para comercialización de bebidas con contenido alcohólico, esto para los negocios afectados a raíz de la pandemia por el Covid-19.

OBSERVACIONES

Dentro de las observaciones que realizó el órgano contralor, destaca la falta de precisiones sobre los tiempos para llevar a cabo el control de este proyecto.
Asimismo, se señala la falta de estudios técnicos y financieros que sustenten la necesidad de implementar una legislación de este tipo, así como los riesgos que eso conlleva para la economía costarricense.

“Es indispensable que se valore el impacto económico que estas obligaciones les imponen a los gobiernos locales y Concejos Municipales de Distrito y que conllevan la creación de planes de condonación, que aunque opcionales en la ley, son necesarios como ya vimos por la imprecisión y apertura que deja la misma ley, la emisión y publicación de normativa interna regulatoria y campañas de divulgación.

En el articulado de la propuesta no se hace referencia a fuentes de financiamiento que cubran este tipo de obligaciones, ni el acceso a recursos materiales y humanos que requerirán necesariamente para cumplirlas, lo cual puede representar un perjuicio para las limitadas finanzas del sector municipal al generar gastos adicionales”, apuntó la Contraloría.
Desde la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) manifestaron que para el próximo jueves estarán analizando el tema y tomarán una posición al respecto.