Fuente: Teletica

El Gobierno de la República anunció, este jueves, nuevos impuestos como parte de su propuesta para negociar con Fondo Monetario Internacional (FMI); de inmediato, las reacciones de sindicatos y otros sectores no se hicieron esperar.

Para la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), este acuerdo solamente logrará empobrecer más a la clase media costarricense y, además, mencionan que la medida “apenas si roza a los más ricos”.

“El grueso de la propuesta recae duramente sobre las espaldas de la clase media, que perdería aceleradamente su capacidad de consumo lo largo de los próximos años.

“Además de empobrecer a la clase media y alcahuetear a los empresarios y evasores fiscales, el acuerdo con el FMI sería un portillo para el desmantelamiento del Estado. Ya que según anunció el Gobierno, insistirá con la venta de instituciones como el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). Así mismo, se habla de vender propiedades, terrenos, cerrar y fusionar instituciones”, expresó el sindicato en un comunicado.

ANDE aseguró que su prioridad será la defensa de la soberanía costarricense y la protección de los derechos de los trabajadores, por lo que desde ya anuncian “una férrea batalla contra el ‘espurio’ acuerdo con el FMI”.

Por su parte, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) comparten el rechazo a la propuesta y aseguran que no es necesaria porque existen otras alternativas.

“Costa Rica no ocupa un acuerdo con el FMI, hay alternativas, pero el Gobierno, nuevamente, hace más crónica la situación social de las clases trabajadoras, la clase media. Insiste en agredir a los empleados públicos, la actividad productiva sufre cuando debería haber anunciado al menos un ABC de cómo va a controlar la gigantesca evasión fiscal, la gigantesca defraudación que es de $3.800 millones al año.

“Nosotros rechazamos el impuesto a las transacciones financiero-bancarias que el Gobierno está proponiendo porque eso no es tasa TOBIN, están manipulando el concepto real de tasa TOBIN y hay que desenmascarar eso en los próximos días”, destacó Albino Vargas, secretario de la ANEP.

El sindicato también entregó a las autoridades siete alternativas al convenio, entre ellas:

- Sacar $1.000 millones de las reservas internacionales que el país tiene en el Banco Central.

- Hacer una auditoría ciudadana de la deuda, para verificar cómo se reestructura, quiénes son nuestros acreedores, si se puede revisar el “obsceno” pago de intereses o hasta moratoria de los mismos.

- Establecer un impuesto especial a las transacciones financiero bancarias a partir de cierto monto, lo que se conoce como tasa TOBIN que en otros países ya se hace y que, según ANEP, permitiría controlar las gigantescas cantidades de dinero sucio del narcotráfico que se mueven en el sistema financiero.

- Establecer un impuesto solidario a las megariquezas, las megafortunas, los megacapitales, como lo pide el Banco Mundial y el FMI.

- Urge la transformación tributaria estructural, la base ya está definida, está en el informe legislativo que se conoce como los Papeles de Panamá. “Ahí se empieza a corregir el gigantesco robo de impuestos de $3.800 millones al año”.

- Flexibilizar las regulaciones financieras de la Banca de Desarrollo para que cientos de pequeños y medianos emprendimientos, que hoy están a punto de extinguirse, puedan tener esos recursos. Esta medida permitiría reactivación económica y generación de empleo.

Otras reacciones

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) reconoció que el país está pasando por una crisis financiera y que es momento de tomar medidas severas: todos los sectores deben contribuir con el objetivo de garantizar la estabilidad económica y social, por el bien de todos los habitantes del país.

Sin embargo, rechazan que las medidas que se pretenden impulsar se enfocan fundamentalmente en aumentar la carga tributaria sobre las empresas y los ciudadanos, ya que más impuestos provocarán una mayor ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social.

“No se debe perder de vista que la manera de combatir la pobreza, de manera sostenida y sostenible, es la generación de más y mejores empleos y el 86% de los puestos de trabajo en Costa Rica son creados por el sector productivo privado, que es precisamente el blanco de muchos de los ajustes propuestos”, expresaron.

También ven necesario que se incorpore, como parte de la solución, un plan agresivo para contener el desproporcionado gasto gubernamental y que se entre de lleno a mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

“No es viable que se cargue todo el peso del ajuste sobre las espaldas de los contribuyentes, ya que esto solo ocasionará mayor contracción económica mientras los recursos gubernamentales continúan despilfarrándose en sostener instituciones anacrónicas, duplicidad de funciones y privilegios para los empleados públicos”, concluyeron.

La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) también alzó la voz e indicó que estos nuevos impuestos serán un golpe negativo para el país.

“Es un impuesto cruel para los consumidores. Es un gravamen ingrato, que se suma a la serie de impuestos que ya de por sí tiene que pagar la ciudadanía. Y si los consumidores no lo consideran un impuesto justo, lo que harán es moverse al efectivo, a mantener bolsas de billetes para pagar en la pulpería, para enviar fondos a un familiar, o para pagar los servicios públicos”, manifestó Danilo Montero, director general de la OCF.

Consideran que la propuesta resulta contradictoria a los esfuerzos del país en materia de educación financiera y la bancarización de la población.

“Crear ahora un impuesto a esos movimientos es también una invitación a abandonar el sistema. No solo propicia los riesgos propios del manejo del efectivo, además afectaría el funcionamiento eficiente del sistema productivo, cuando más urge que los agentes económicos reactiven sus negocios. En el fondo, es un estímulo a la informalidad, que a su vez incide en la urgente generación de ingresos al Estado. Nada de esto favorece el bienestar de los consumidores”, concluyeron.

En la Cámara de Comercio de Costa Rica muestran su desacuerdo con la iniciativa y consideran que se deben tomar acciones concretas y profundas en la reducción del gasto público, que permitan mejorar la competitividad del país. Para ello, aseguran que se deben eliminar privilegios, así como simplificar el aparato estatal, conformado por más de 322 instituciones.

“Aumentar la carga impositiva para el sector productivo y los consumidores, generaría un impacto negativo en la competitividad, la formalidad, la capacidad adquisitiva de las familias y el crecimiento económico de Costa Rica; por lo que el Gobierno debe apostar por crear mejores condiciones para dinamizar la economía y generar mayores empleos”, indicó Julio Castilla Peláez, presidente de la Cámara de Comercio.

Según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), el rechazo a más impuestos también es unánime y hacen un llamado al Gobierno a que primero ponga en orden las finanzas públicas antes de pensar cualquier otra medida.

“Las medidas impositivas van en contra de la reactivación económica y oprimen a la empresa privada en la generación de nuevos puestos de trabajo.

“Costa Rica no debe ni puede permitirse más impuestos. Si bien es cierto la deuda pública nacional alcanzó el 58,5 % del PIB en el 2019 y, a finales del 2021, llegará al 80,5 % según el proyecto de presupuesto nacional, la alternativa para reducir el déficit no puede ser a través de incrementar o generar nuevos tributos.

“Las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo y el Banco Central esta tarde van en dirección contraria de lo que se necesita para reactivar la economía, mantener y generar nuevos puestos de trabajo y reducir la informalidad que hoy no contribuye”, expresaron.

UCCAEP concluye diciendo que la reactivación económica debe ser equitativa y que ya el sector empresarial realizó su aporte significativo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo que, aseguran, ahora le toca al Gobierno poner de su parte.

“La reactivación económica debe ser inmediata y lo anunciado hoy por el Gobierno no contribuye a la generación de nuevos puestos de trabajo, ni a la atracción de inversiones nacionales y foráneas”, destacaron.