Fuente: CR Hoy

Con 42 diputados a favor se aprobó en primer debate este miércoles un proyecto de ley que permite que sociedades inactivas o disueltas puedan volver a inscribirse y reactivarse siempre y cuando paguen los montos pendientes al impuesto de sociedades jurídicas, además de multas, sanciones e intereses.

La iniciativa fue impulsada por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Karine Niño, y del legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca.

Pero antes de su aprobación, se acogieron 5 mociones que presentó el frenteamplista José María Villalta al texto del proyecto.

Los cambios incluidos vía moción remarcan la obligación de los dueños de la sociedad en que tendrán que pagar el “principal” de la deuda tributaria.

Además que una vez reinscritas, las sociedades deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en referencia a entregar el registro de accionistas y beneficiarios finales, en un plazo no mayor a dos meses.

Límite de 3 años

El proyecto establece que las sociedades por medio de sus representantes legales, podrán solicitar ante el Registro Nacional la reinscripción de la sociedad en un plazo no mayor a 3 años después de la declaratoria de su disolución, siempre y cuando hayan cumplido con las exigencias establecidas en esta ley.

En marzo de 2017 se promulgó la Ley N.° 9428, Impuesto a las Personas Jurídicas, a través de la cual se establece un tributo a todas las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales que se encuentren inscritas en el Registro Nacional.

El artículo 7 de dicha ley indica que el no pago del impuesto establecido por 3 períodos consecutivos es causal de disolución de la sociedad mercantil y con ello el fin de su personalidad jurídica.

Según datos del Ministerio de Hacienda, 76.819 sociedades serían disueltas por no pagar el impuesto a las personas jurídicas.

“La disolución conlleva elevados costos para los accionistas y sus representantes legales, ya que muchas de estas sociedades tienen bienes o actividades y a raíz de la disolución se ven limitados en su accionar, acarreando costos elevados principalmente en procesos de liquidación y traspasos”, indica el proyecto en su justificación.