Fuente: La Nación

Muchas familias costarricenses edificaron un patrimonio a lo largo de muchos años, gracias al arduo trabajo de los miembros de la familia. La intención de los jefes de estas familias es poder heredar a las siguientes generaciones no solamente el patrimonio acumulado, sino, los negocios que les permitan continuar amasando e idealmente incrementando ese patrimonio.

Sin embargo, los recientes cambios generados materia tributaria, regulatoria e incluso legal, pueden representar un reto para la administración de los patrimonios familiares, creando incluso, un escenario que podría representar el riesgo de pérdida de parte de dicho patrimonio o la imposibilidad de continuar desarrollando algunas de los negocios familiares.

Veamos algunos ejemplos de estos retos.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas creó el impuesto a las ganancias de capital y las rentas de capital. Se trata de un nuevo impuesto que aplica en aquellos casos en los cuales se realice la transmisión de un bien propiedad de una persona física o jurídica, o bien, cuando se obtienen ingresos producto de la cesión de uso de un bien mueble o inmueble.

Anteriormente, era muy usual observar cómo los administradores de patrimonios familiares realizaran movimientos de propiedades entre miembros de la familia, pero manteniendo siempre un titular último de todo el patrimonio. Lo anterior como una vía para organizar dichos bienes según los deseos y objetivos del patriarca.

El continuar con este mecanismo de reestructuración patrimonial, tendrá como un efecto inmediato la aplicación de un impuesto de ganancias de capital de un 15% sobre las ganancias generadas. Incluso, se estableció la posibilidad para la administración tributaria de ajustar el valor de transmisión, en aquellos casos donde la transmisión del bien se realice entre partes relacionadas –como lo serían miembros de una misma familia-.

Otro ejemplo de los retos que deben enfrentar ahora los administradores de patrimonios familiares es mantener el anonimato de los dueños o beneficiarios finales, en aquellos casos donde el patrimonio se encuentra estructurado en sociedades costarricenses.

Desde setiembre pasado se implementó el Registro de Beneficiarios Finales, mejor conocido como Registro de Accionistas. Se trata de un registro administrado por el Banco Central de Costa Rica, que deberán realizar los representantes legales de todas las sociedades costarricenses, incluso aquellas que no realicen alguna actividad económica (el caso típico serían las sociedades tenedoras de bienes).

De esta manera, el anonimato que por muchos años fue uno de los principales fines en la administración de patrimonios y empresas familiares, cambia radicalmente, al existir una obligación de develar ante el Banco Central quienes son los dueños últimos de todas las sociedades costarricenses.

Si bien este no es un registro de acceso público, podrá ser revisado por el Ministerio de Hacienda y por aquellos otros organismos públicos que estén autorizados por ley.

De esta manera, aunque se trabaje en estructurar los patrimonios familiares, utilizando mecanismos diversos, que incluyen en muchos casos diferentes jurisdicciones y tipos de entidades legales, no se podrá resguardar un secreto absoluto de los beneficiarios finales del patrimonio, dado que al menos el Banco Central tendrá conocimiento de toda la estructura societaria del grupo familiar.

Resulta entonces medular replantear la forma en la que se han venido administrando los patrimonios familiares, y determinar si estas reformas legales y fiscales podrían representar un riesgo para la protección y mejora de ese patrimonio.

Por ello, queremos desarrollar una serie de consejos y medidas que puedan aplicar todos aquellos que cuenten con patrimonios y negocios familiares, con el objetivo de mantener y proteger el patrimonio.

La siguiente es una lista de las acciones y recomendaciones a seguir para cumplir este objetivo que resumimos a continuación.

  Revise y actualice el inventario de todo aquello que compone el patrimonio familiar.
  Determine el impacto de las reformas legales y tributarias en su caso particular.
  Establezca cuáles de esos impactos pueden transformarse en riesgos.
  Analice la necesidad y oportunidad de realizar una reestructuración del modelo de administración del patrimonio familiar.
  Busque un acompañamiento adecuado y establezca opciones de reorganización del patrimonio, sin perder de vista los objetivos primordiales de protección y continuidad del negocio.
  Establezca un plan que implemente todas aquellas medidas que se deriven del proyecto de reorganización.

Seguir estas medidas le permitirá tener mayor tranquilidad de que el patrimonio familiar no sufrirá menoscabos ni reajustes que “echen al piso” el esfuerzo de muchos años y de muchas generaciones.