Fuente: CR Hoy

Las pensiones de lujo, superiores a ¢2,5 millones al mes, engulleron un 3,9% de los  ingresos por los impuestos que obtuvo el Gobierno Central durante el 2020.

Ese porcentaje se traduce en un gasto de ¢170.436 millones el año pasado y equivalió a un 1,87% del presupuesto nacional (sin amortizaciones de deuda) de ese periodo.

De acuerdo con los datos oficiales, entre el 2019 y el 2020 la porción de los ingresos tributarios que el Gobierno destina a cubrir el pago de pensiones de lujo creció en un 4,69%.

En el 2019, el monto el millones de colones que consumieron los pensionados de lujo fue de ¢162.527 millones y, como ya se mencionó, en el 2020 la cifra fue de ¢170.436 millones, casi ¢8.000 millones más de un año a otro.

Isaac Castro, viceministro de Egresos de Hacienda, indicó a este medio de comunicación digital que con datos obtenidos hasta el cierre del 2018, las pensiones de lujo representaron un 3,33% de la recaudación de impuestos; el año pasado, la cifra subió 0,5 puntos porcentuales.

“Para el periodo 2016-2020 se estima que, en promedio, las denominadas ‘pensiones de lujo’ representaron 3,35% de la recaudación de impuestos”, agregó el viceministro de Egresos.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo, se define como pensión de lujo toda aquella que recibe alguien que laboró para el Gobierno pero que no cotizó lo necesario durante su laboral para financiar el monto de ¢2,5 millones o superior que recibe mensualmente.

Según la Dirección, más de 4.100 personas reciben ese tipo de beneficio todos los meses, cerca del 50% de esas personas laboraron para las universidades públicas, estima ese mismo despacho.

Marcha atrás con topes

Aunque en los últimos años la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo tomaron decisiones para limitar el gasto en pensiones de lujo financiado con el presupuesto nacional, con la aprobación de varias leyes, acciones posteriores que se presentaron en la sede judicial han reducido la eficacia de los topes y recortes que se crearon.

El Gobierno estimó en principio, en diciembre del 2019, que el ahorro producto de la contribución solidaria que le solicitaría a esos pensionados de los regímenes del Magisterio Nacional, Hacienda y el Poder Judicial, equivaldría a más de ¢17.500 millones anuales.

El cobro lo empezó a aplicar el julio del 2020 la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda a las pensiones con montos superiores a los ¢2.296.000 mensuales.

Empero, en marzo de este año, la Sala Constitucional reactivó el pago de pensiones heredadas a mayores de 25 años antes de 1992, en su mayoría hijos de exdiputados y exfuncionarios del Gobierno.

Los altos jueces constitucionalistas fallaron a favor de la eliminación parcial de la normativa del régimen de pensiones Hacienda-diputados. Antes de esa decisión, la Ley impedía que los 62 beneficiarios siguieran recibiendo la pensión después de los 25 años de edad. El régimen está a punto de cerrar.

En octubre del año pasado, la Sala Constitucional bajó de un 55% a un 50% el tope a las pensiones de lujo con base en un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que suscribió el país.

En el fallo se resolvieron de forma acumulada 41 acciones que presentaron beneficiarios de dichas pensiones, quienes impugnaron la contribución solidaria que se les impuso.

Por otra parte, la Sala conservó intacta la eliminación del incremento de un 30% anual en las pensiones de los exdiputados.

Sin embargo, el exsuperintendente de Pensiones, Edgar Robles, y la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León, consideran que la decisión de la Sala, de rebajar en 5 puntos porcentuales el tope a las pensiones de lujo para los empleados del Poder Judicial, podría provocar una oleada de acciones de beneficiarios de otros regímenes reclamando aumentos mensuales en sus pensiones, lo cual amenaza con desandar parte del terreno avanzado.

“A mí me parece que esto va a rebotar en los demás regímenes de pensiones, no me imagino un mundo en donde esto aplique solo para funcionarios del Poder Judicial, entonces todas las otras pensiones de lujo que son con cargo al Presupuesto Nacional de los regímenes extintos como el de Hacienda, donde tenemos pensiones más elevadas, o del Sistema Transitorio de Reparto del Magisterio donde hay pensiones de hasta ¢16 millones al mes (…) se les va a tener que ajustar esas pensiones hacia arriba (…) y esto va contra la justicia, porque recordemos que para todas estas pensiones, nadie cotizó lo suficiente” indicó Robles en una edición del programa Enfoques de CRHoy.com, a finales de mayo pasado.

Gasto en el 2021

El pago de las pensiones en general será equivalente a un 10% del monto total del presupuesto nacional para el 2021.

Dicho gasto crecerá este año hasta llegar a ¢1.1 billones, ¢21.000 millones más que el año pasado, de acuerdo con el Informe Técnico sobre el Presupuesto Nacional que realizó la Contraloría General de la República.

La Contraloría determinó que los gastos que presentan mayor variación con respecto al presupuesto ajustado del 2020 en materia de pensiones son el pago de jubilaciones del régimen de pensiones del Magisterio Nacional, con una variación porcentual de un 5,3%, la contribución patronal a la CCSS, con un 5,4%, el pago del aguinaldo, con 5,3%.

Al Presupuesto Nacional hay asociados 8 regímenes de pensiones contributivas que en total suman un gasto de ¢789.568 millones, siendo el más grande el régimen del Magisterio Nacional, con 44.507 beneficiarios, que consume un 82,6% de esos recursos (¢652.043 millones), con un crecimiento de un 5,3% para el 2021.