Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- Los magistrados de la Sala Constitucional condenaron la negativa de la municipalidad de Alajuela de aceptar el pago de una vecina quien quería cancelar el impuesto de bienes inmuebles, aunque estaba morosa con el tributo de recolección basura.

La sentencia dictada por el tribunal constitucional declaró, parcialmente con lugar, el amparo interpuesto contra el ayuntamiento y ordenó en la sesión del viernes 11 de noviembre y de forma unánime, “permitirle a la amparada realizar el pago, al tiempo que se le condenó al pago de las costas, daños y perjuicios causados”.

“Se ordena a Humberto Soto Herrera, Marianela Chacón Ugalde, Ericka Alfaro Araya y Yamileth Oses Villalobos, por su orden, alcalde, coordinadora del Subproceso de Tesorería, coordinadora de la Actividad de Gestión de Cobro y coordinadora de la Actividad de Recolección de Desechos Sólidos, todas de la Municipalidad de Alajuela, que giren las órdenes pertinentes, establezcan las instancias de coordinación que se encuentren dentro de su ámbito de competencias y adopten las acciones necesarias, a efectos de que, en el plazo máximo de 5 días contado a partir de la notificación de esta sentencia, se permita a la amparada la imputación del pago del importe relativo al impuesto de bienes inmuebles”, indica la resolución dictada.

En un comunicado de prensa, la Sala IV, informó que según el proceso interpuesto, la municipalidad se negó, en varias ocasiones, a aceptar el pago, incluso aunque el dinero fue depositado a la cuenta que tenía el municipio habilitado para tal fin.

“La respuesta del ayuntamiento fue que podían aceptar el dinero, pero que lo utilizarían para abonar la deuda pendiente por recolección de residuos”, explicó la Sala.

Los magistrados dejaron claro en su voto que la normativa tributaria, el contribuyente, tiene la potestad de elegir cuál tributo cancelará y la deuda correspondiente a cada tributo es independiente de las demás, según el artículo 9 del Reglamento de Procedimientos Tributarios.

Los magistrados que votaron el recurso fueron: Fernando Cruz Castro (presidente en ejercicio); Paul Rueda Leal; Luis Fernando Salazar Alvarado; Jorge Araya García (magistrado redactor); el magistrado suplente Roberto Garita Navarro, y las magistradas suplentes Ana María Picado Brenes y Rosibel Jara Velázquez.