Fuente: El Financiero

Las empresas del régimen de zona franca costarricense afirman que la implementación de un impuesto mínimo global, como el que impulsan 136 países en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no afectará al régimen especial del que son beneficiarias.

El régimen es una de las principales herramientas para la atracción de inversiones en Costa Rica, y los impactos de un eventual impuesto mínimo a las rentas de transnacionales genera ruido en él.

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) dice que el régimen cumple con todos los estándares internacionales, incluidos los de OCDE; por lo que no debería tener mayores problemas con las nuevas reglas tributarias. También asegura que los incentivos fiscales que ofrece el sistema costarricense son temporales y que los impuestos efectivos que pagan sus empresas en realidad no son más cuantiosos de lo que se dice.

Pese a las expectativas del sector de que el nuevo impuesto no implique un mayor cambio para el sistema, especialistas consultados por EF advierten que el impuesto global sigue en construcción. No obstante, consideran que los riesgos del régimen especial disminuyen sustancialmente si se toma en cuenta que se trata de una iniciativa global y no solo de Costa Rica.

El país es parte de las 136 naciones que dieron el ‘sí’ para impulsar el gravamen mínimo mundial, pero el Gobierno de la República ha sido enfático en manifestar que su interés no es modificar el sistema de zonas francas. Por el contrario, en distintas comunicaciones defiende sus logros.

“Las zonas francas son parte de un paquete amplio de herramientas que usamos para los anteriores fines. Su consistencia con los estándares internacionales, recién confirmada, les da un sello de confianza y seguridad para los inversionistas. El acuerdo alcanzado hoy no cambia esto”, indicó Comex, el pasado 8 de octubre.

¿Impactaría?

El impuesto mínimo global para transnacionales implicaría dos pilares de aplicación.

El primero pretende que las empresas digitales con ventas mundiales que superen los 20 millones de euros (unos $23.000 millones) y cuya rentabilidad sea superior al 10% tributen en los mercados donde realizan sus actividades comerciales y no donde tienen su presencia física legal.

El segundo busca establecer una tasa mínima global del 15% sobre las rentas de las empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales ($867 millones), cuyo cobro recaería en los países donde realizan su operación o de donde se originan.

Estos límites son parte de las justificaciones de Azofras para prever que el impacto sea poco para Costa Rica.

“Con la información que tenemos hasta el momento no prevemos que la discusión del impuesto mínimo global vaya a cambiar el sistema (...) el impuesto es específico de la relación de ciertas multinacionales, de cierto tamaño, en su entorno mundial”, afirmó el presidente de la representación, Carlos Wong.

El sector de zona franca costarricense también considera que los sistemas de incentivos temporales no deberían correr mayores riesgos, y menos cuando han sido revisados y evaluados positivamente por entidades como la propia OCDE.

La representación del sector asegura que este impuesto mínimo busca revertir prácticas nocivas de países con tasas inferiores al 15% de manera general, pero no las prácticas de aquellos que ofrecen incentivos “legítimos” y “temporales”.

“Esto no tiene nada que ver con sistemas de incentivos legítimos revisados y aprobados. Esto es lo que busca perseguir es paraísos fiscales, países que decidieron artificialmente un sistema de renta ‘cero’ o casos como el del mismo Irlanda que, a pesar de ser un miembro de la Unión Europea, todavía tiene un impuesto sobre la renta por debajo del 13%”, señaló Rafael Sayagués, directivo de Azofras y socio director de Impuestos y Legal de EY en Centroamérica.

Las observaciones de Azofras; sin embargo, se basan en la información provisional que existe sobre el impuesto. Todavía queda por definir la letra menuda del gravamen, que eventualmente se espera concretar en un acuerdo internacional.

Aún si la nueva tributación internacional tuviese efectos directos, totales o parciales, sobre la Ley de Régimen de Zonas Francas (7210); estos se podrían minimizar al tratarse de una iniciativa que busca implementarse globalmente y no solo en Costa Rica. Esa fue la opinión del economista y profesor de la Universidad Lead, Juan Muñoz, ante la consulta de EF.

No obstante, desde el parque empresarial de zonas francas costarricenses consideran que el impacto será nulo. De hecho, por eso consideran que se sumaron al acuerdo las reticentes Irlanda, Estonia y Hungría, que aplican agresivos sistemas para atraer empresas a través de incentivos fiscales.

Similar opinó el economista Luis Rivera, quien dijo considerar que las zonas francas “ya estarían alineadas” con un eventual impuesto global.

Con cautela

Por el momento, la discusión del impuesto mínimo global se mira con cautela desde distintos sectores. Sin embargo, el Gobierno de la República ha subrayado su compromiso con priorizar el sistema de régimen especial (zona franca).

En una posición oficial que publicó el Ministerio de Hacienda, en junio pasado, cuando el G7 informó de su apoyo al acuerdo mundial; la cartera afirmó que las negociaciones multilaterales tomarán tiempo y que luego deberá examinarse la legislación que aprueben los países exportadores de inversión para conocer en detalle los alcances finales del gravamen mundial.

En la comunicación, firmada por el ministro de Hacienda, Elian Villegas, la representación de Gobierno mencionó particularmente a Estados Unidos y dijo que se verán “cuáles ajustes pueden resultar pertinentes dentro de la firme decisión nacional de apoyar el exitoso régimen de Zonas Francas con que contamos”.

Comex reaccionó en la misma dirección, este 8 de octubre, cuando se anunció que ya eran 136 las naciones de acuerdo con la iniciativa global. “El Gobierno tampoco pretende su modificación”, indicó.

Entre las empresas de zona franca también llaman a observar los pasos de los demás países con los que compite Costa Rica por atracción de inversión. Sus decisiones también deberán orientar la manera en que el país adopte o no sus medidas, consideran.

No obstante, son enfáticas en que, al menos de momento, no hay indicios para esperar que el régimen de zona franca sea sujeto de discusión.

“Hay que entender también que van a hacer otros países. En ese entorno de acciones tenemos que ir de manera pausada, entendiendo que está ocurriendo en el contexto internacional, entendiendo cuál es la verdadera aplicación y entendiendo que para los inversionistas la seguridad jurídica es muy importante”, afirmó Wong.

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) indicó a EF que la propuesta de impuesto mínimo global sigue bajo su estudio, para determinar sus impactos reales para el país. Por el momento, no da mayores declaraciones.

Beneficios fiscales

El régimen de zona franca ofrece exoneraciones de renta a las empresas beneficiarias de entre ocho y 12 años, dependiendo de si se insertan dentro o fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

Las exenciones, además, se pueden ampliar siempre y cuando se cumplan estándares mínimos de reinversión.

En algunos casos, las empresas pagan gravámenes desde que ingresan al país, aunque con tarifas reducidas.

Sin embargo, Azofras subraya que las empresas contribuyen particularmente con otros importes, y que por eso se dice que multiplican las exenciones que se les otorgan.

Por ejemplo, con el pago de cargas sociales, con la cancelación de algunas tasas en que reciben beneficios parciales o con la generación de impuestos indirectos, por operaciones de otras empresas que se ligan a sus procesos de producción.